Retroreportaje del 2004: ¿Quién frena al transporte pirata en Santiago ?

Desde la página de Fenabús rescatamos este reportaje del año 2004 que hace alusión a la competencia ilegal de los servicios piratas en recorridos urbanos y suburbanos.

Servicios especiales falsos, particulares que hacen de colectivo y minibuses, que se amparan en la ambigua figura del contrato privado, constituyen hoy las caras más visibles de la actividad informal.

Son las 7.25 de la mañana del viernes 9 de julio y hace frío en el paradero situado en el cruce Las Acacias de la Ruta 5 Sur. Un Chevrolet Cavalier se acerca lentamente con sus luces encendidas y un cartel pegado en el parabrisas: Alameda – Zenteno, $1.000.

Minutos antes, una Van con el logo de una productora recogió cuatro pasajeros con destino a la Alameda con Lord Cochranne. Esto no tendría nada de particular, salvo por un detalle: cada uno pagó $500. El mismo precio que cobran otros furgones blancos que salen desde ese punto, haciendo transporte público no autorizado. O sea, transporte ilegal.

Pero no son los únicos. A pesar de los esfuerzos de la autoridad y de los constantes reclamos de los empresarios establecidos, escenas como éstas se repiten en distintos puntos de la capital, como el sector de La Vega, Serrano con Eleuterio Ramírez y las inmediaciones de la Escuela Militar. Todos los días y con diversas formas.

Falsos servicios especiales, vehículos particulares que hacen de colectivo y minibuses, que se amparan en la ambigua figura del contrato privado, constituyen hoy las caras más visibles de esta actividad informal cuyos principales destinos son Maipú, Colina, San Bernardo y el centro de Santiago.

De este modo, el traslado ilegal de pasajeros sigue siendo un factor crítico para el transporte establecido, sea urbano, rural o interurbano. En este último caso, el movimiento en furgones y el uso de voceadores o “hacheros”, especialmente en las fechas de mayor demanda, causan serias pérdidas a las empresas, que tienen que pagar andén, mantener su documentación al día y cumplir con todos los requisitos de la autoridad.

Santiago-Colina-Santiago

Desde un galpón en avenida La Paz salen los minibuses de Five Trans. Su circuito es Santiago-Colina-Santiago, cobran $500 y su horario de mayor movimiento es entre las seis de la tarde y las ocho de la noche, compitiendo ilegalmente con los servicios rurales autorizados que salen desde el terminal situado una cuadra más al norte.

Entre Colina y Santiago también opera la empresa Vía Blanca, que llega hasta la avenida Santa María en plena comuna de Recoleta. El problema es que dicha empresa está autorizada sólo para hacer un servicio periférico al interior de Colina. Esta situación ha sidoreiteradamente denunciada ante la Seremi de Transportes, sin que hasta la fecha dicha empresa haya sido caducada.

San Bernardo es otro destino bien cubierto por los informales a la hora del regreso a casa. En calle Serrano, entre Alonso Ovalle y Tarapacá, opera un captador de características singulares. Mediante un teléfono celular, el «Ballero», como se le conoce, interactúa con los minibuses que salendesde la esquina de Eleuterio Ramírez, chequeando los cupos para los pasajeros que ha contactado con todo disimulo.

El costo del pasaje es de $500 y bien puede pasar por un «servicio privado».

Hace unos meses, un bus que llevaba trabajadores a una construcción quedó colgando a orillas del Mapocho. Para atenuar las sospechas de una eventual irregularidad, se anunció la regulación del transporte privado para evitar que se siguiera usando como pretexto para el «pirateo». Sin embargo, hasta la fecha nada. Ni siquiera se le ha puesto urgencia al mentado proyecto de ley.

Recurriendo a la figura del transporte privado, los vehículos ilegales burlan los controles de la autoridad y constituyen un potencial peligro para los usuarios. Nadie sabe si sus condiciones técnicas son adecuadas o si su documentación está al día. ¿Y qué pasa si hay un accidente, quién le responde al pasajero?

Los reclamos de las empresas formales

Guillermo Chang, presidente de la Asociación de Buses Santiago San Bernardo, comenta que «desde hace bastante tiempo que nos vemos afectados por servicios informales en la carretera, especialmente, en Villa Las Acacias, en el KM 16, donde hay furgones escolares y autos particulares que llevan a la gente hasta el centro de Santiago, los retornos los hacen en Alonso Ovalle con Arturo Prat o Serrano, se instalan los vehículos informales y nos roban los pasajeros que van a San Bernardo. Otro ejemplo es un servicio corriente que fue caducado por el Ministerio de Transportes hace más de dos años, que es la ex Variante 661 y se da el lujo de tener hasta un terminal en la calle Ochagavía. Antes de modernizar el transporte el Gobierno debiera preocuparse de erradicar a los ilegales.

El dirigente agrega que «este tipo de actividad nos afecta porque hace que disminuya la rentabilidad de nuestras empresas directamente, porque les quita pasajeros y los servicios formales se desfinancian. Para erradicar este tipo de transporte, la fiscalización del Ministerio de Transporte debiera dar prioridad a terminar con la informalidad en lugar de fiscalizar exageradamente los servicios formales».

En la misma línea, Sergio Gálvez, asesor de Inversiones Colina S.A. señala que «los buses o minibuses que hacen estos servicios ilegales afectan nuestra actividad porque trabajan en las horas de mayor movimiento, desde las 5 y media de la mañana hasta las 9 de la mañana y en la tarde desde las 6 y media hasta las 21 horas. Las empresas establecidas, como las que trabajan de Santiago a Colina, a Til Til, o a Lampa, se ven muy perjudicadas. También afecta a los conductores que hacen 8 horas de trabajo, mientras que los ilegales trabajan solamente las horas que a ellos les conviene. Afecta tanto a los empresarios como a los conductores que ejercen este trabajo de manera formal. Otro problema es que estos servicios tienen unos voceros que llaman a la gente para que se suban a estas máquinas y tampoco son controlados».

A lo anterior Gálvez agrega que «el Ministerio de Transporte mediante la Subsecretaría, que tiene que ver con la fiscalización del servicio ilegal, tiene que dictaminar normas bien claras y precisas para evitar este tipo de servicios, que no es controlado de manera permanente y se hace sólo cuando alguien reclama, ahí actúan unos días. Si se hiciera una labor permanente, todos los días, probablemente su uso disminuiría drásticamente».

Finalmente, el representante de los buses que van de Santiago a Colina manifiesta que «la gente que usa este tipo de servicios no se da cuenta de que el día de mañana cuando tengan un accidente no van a estar protegidos y que no son vehículos facultados para hacer este tipo de actividad, lo ven desde el punto de vista de comodidad, pero no de que están exponiendo sus vidas, pues estos andan a exceso de velocidad, contra el tránsito y no reúnen las revisiones técnicas».

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