En un conflicto público-privado se había convertido el terreno del ex Terminal Constitución, también conocido como Terminal de Buses Línea Azul en Chillán, debido a su estado de abandono.

El recinto ubicado en la esquina de calles Brasil y Constitución estaba vacío y habitado por personas en situación de calle, luego de ser desocupado ya que el terminal se trasladó al otro lado de calle Brasil, cerca de la estación de trenes.

La situación se estaba convirtiendo en un foco de delincuencia que tiene preocupados a los habitants y comerciantes del sector, según explica una nota de La Discusión.

Según el medio local, Buses Línea Azul optó por cerrar el recinto el día jueves, ante la gran cantidad de molestias generadas en el sector.

«Estoy mucho más tranquilo ahora, era molesto trabajar en esa situación. A veces llegaban a pedirme cosas o a comprar cigarros pasándome menos plata de lo que valían y pobre de mí si no aceptaban» cuenta Luis Troncoso, kioskero del sector.

El Concejo comunal recibió las quejas de los vecinos «y en presencia del encargado de la Subsecretaría de Prevención del Delito Bío Bío, José Miguel Ortiz, decidieron ponerle fin a la negativa de la empresa a cercar el perímetro del lugar».

Se advirtió, además, que la actitud de Línea Azul era la de optar por pagar las multas que le significaba esta situación que el contratar a una empresa que construyera o instalara un cierre.

El coronel Erick Flores, prefecto de Carabineros Ñuble, detalló a LA DISCUSIÓN, que “después de esa reunión fuimos a ver el lugar con el alcalde (Sergio Zarzar) y el gobernador (Álvaro Miguieles) y luego de esa reunión, se le pidió al encargado del cuadrante correspondiente a esa zona que multara a la empresa. Esas multas terminaron siendo tres, hasta que decidimos tomar otra decisión».

Carabineros decidió contactarse con la gerencia de Línea Azul para advertirles que si no ponían un cierre perimetral “nosotros lo íbamos a mandar a poner, la municipalidad iba a hacer la licitación con la idea de contratar a la que cobrara más caro, para luego cargarles la cuenta a ellos, mediante el pago de las imposiciones, por lo tanto no iban a poder vender ni hacer nada con ese terreno hasta que se saldara la deuda”.

“Ahora quedó mucho mejor”, dice Carolina Stevens, del kiosco de comida rápida Buggy, quien recuerda que “a veces esas personas venían a molestar a los clientes y había que echarlos”, mientras que el cocinero del local dice que “una vez hasta me siguieron porque no les quise dar dinero”.

De las 11 personas que había viviendo, dos estaban de tránsito y se fueron a otras ciudades, dos se negaron a recibir ayuda municipal y se fueron sin rumbo fijo, y siete decidieron acogerse a los programas sociales de acogida que les ofreció el municipio.